Las medidas de control tomadas para frenar la emergencia sanitaria provocada por la epidemia de coronavirus COVID-19, van a tener consecuencias sobre la economía y el empleo. De las previsiones de crecimiento cercanas al 2%, se ha pasado a un desplome del 8% de la economía española, con una tasa de desempleo superior al 20%, lo que traerá consigo una crisis económica y social de duración imprevisible. Será necesario aplicar medidas extraordinarias en el corto y medio plazo, para preservar el futuro de la actividad empresarial que eviten daños irreversibles en las empresas y en el empleo.
La Confederación de Empresarios de Córdoba, como organización representativa de las empresas y sectores productivos de la provincia, a instancias de CEA y CEOE, ha abierto un espacio de aportaciones a sus asociaciones y empresas asociadas, para recabar propuestas que trasladar a las Administraciones, con las que conseguir la reactivación de la economía, no sólo a nivel provincial, sino nacional.
En la elaboración de este documento han participado empresas y asociaciones de los siguientes sectores productivos de la provincia de Córdoba y es complementario de otros sectoriales o territoriales:
- Agroalimentario
- Industria
- Construcción e industrias afines
- Transporte
- Comercio y distribución
- Universidad
MEDIDAS PARA FAVORECER LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS
1.- Plan de pago a proveedores y cumplimiento de la Ley de Lucha contra la morosidad
2.- Aseguramiento del cobro de los suministros efectuados en contrataciones con el sector público
3.- Dotación de cobertura crediticia en operaciones comerciales
4.- Aplazamiento del pago de impuestos y cotizaciones sociales
5.- Eliminación del tipo diferencial en el IBI, que evite la discriminación a ciertas empresas o actividades en razón de su supuesto estatus de privilegio en relación con su entorno, aplicando únicamente el tipo general que establezca cada Ayuntamiento.
6.- Incrementar y mejorar las líneas de avales del ICO. Los préstamos ICO que se están otorgando son muy costosos. En términos de comisiones e intereses. Deberían ser una ayuda, no un coste en sí mismos. Comisiones de apertura, intereses, comisiones de devolución parcial y total. Consideramos que un préstamo ICO Covid 19 no puede ser más costoso que uno normal sin la excepcionalidad de esta situación.
7.-Que el BCE ejecute un proceso de Expansión Cuantitativa combinado con un proceso llamado Helicóptero de Dinero, a todos los países en función de la perdida de PIB estimada, esta es la única solución para un rápida normalización de la económica y por ende del empleo.
8.- Los aplazamientos en pago de impuestos sin intereses aplicables son insuficientes, se otorgan a muy pocos en proporción. Las empresas que soliciten aplazar el IVA con un volumen de facturación superior a 6ME y que son muchas y de las que dependen muchos trabajadores, deberían también tener derecho a un aplazamiento al menos de un mes sin coste de intereses. ¿Por qué estas empresas están estigmatizadas en los Reales Decretos que se publican? Si son las que dan trabajo a muchas familias en este país.
MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL
Para evitar la destrucción de empleo, el Gobierno debe dar apoyo a las empresas mediante adecuación de los ERTEs como una herramienta para evitar la extinción directa de los contratos de trabajo y procurar la supervivencia de las empresas.
Son muchas las medidas que se solicitan en este sentido, entre ellas.
9.-Las empresas que se han visto obligadas a la aplicar un ERTE a la totalidad o parte de su plantilla, en función de su sector, sólo pueden contemplar su incorporación gradual conforme se vaya recuperando el mercado, pues de otra manera los costes salariales hacen inviable la reanudación de la actividad. Sólo un cambio de legislación de incorporación gradual del personal a la finalización del ERTE permitirá evitar el cierre de muchas empresas.
En concreto, sectores industriales vinculados con el canal HORECA, que consideran que hasta pasados 4-5 meses de que este canal recupere su actividad, no recibirán los primeros pedidos.
Se solicita que las empresas que se vean en la necesidad de recurrir a un procedimiento de ERTE, como consecuencia de ver reducida la demanda de sus productos por la situación del mercado generada por la pandemia del COVID-19, puedan acogerse a las bonificaciones de Seguridad Social establecidas en el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020, o en su caso establecer bonificación del 100% de las cotizaciones de la Seguridad Social, cuando las empresas se vean obligadas a ajustar temporalmente sus plantillas manteniendo el empleo.
10.- Se entiende que resulta igualmente necesario articular un procedimiento que evite que, aquellas empresas que se vean obligadas a extinguir contratos de trabajo por causas económicas, debido a la sobredimensión del volumen de la plantilla en relación con el nivel de demanda del mercado, y que además se encuentren en situación de pérdidas, no tengan que soportar el gravamen económico de tener que atender al abono de las indemnizaciones de las extinciones, lo que en la mayoría de los casos comportaría el ahondar en el desbalance y sustraer fondos al propio mantenimiento de la viabilidad de la empresa.
En este sentido, solicitamos al efecto de facilitar la continuidad de las empresas que, el 40% del importe de la indemnización legal que deba de abonar por la extinción de los contratos, sea sufragado por el Fondo de Garantía Salarial, de manera similar a como se recogía en el artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores.
11.- También se propone que los salarios adelantados por las empresas del permiso retribuido aprobado en base al RDL 10/2020 en el caso de no poder ser compensados mediante la correspondiente prestación durante el año 2020, sean devueltos por el Estado. En otros países de la Unión Europea tienen previsto devolver parcialmente los salarios de los trabajadores afectados por el Estado de Alarma. Por ejemplo, el Estado Francés tiene previsto hacerse cargo de hasta el 70% de los salarios de los trabajadores, con un tope de salario bruto de hasta 5.332 €/mes, mientras que, Alemania, prevé que las cantidades estarían entre el 60 y 67%, con un tope de 5.500 €/mes, hasta 12 meses.
Estas y otras medidas de tipo laboral que apruebe el Gobierno para contrarrestar los ajustes de plantilla por los efectos del covid-19 deberían extenderse hasta el primer semestre de 2021, puesto que se prevé que la situación más crítica para las empresas se produzca entre los meses de septiembre de 2020 a marzo de 2021.
MEDIDAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD DE LOS SECTORES DE LA INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN Y AFINES
12.- Alcanzar un Pacto Nacional por la Industria Sostenible, que evite la fragilidad de una economía (nacional y provincial) desequilibrada hacia el sector servicios. El objetivo es devolver a la industria al centro de las políticas públicas y haga converger a España al objetivo de alcanzar al menos el 20%del PIB de origen industrial que ha marcado la Unión Europea.
13.- Reactivación del sector de la construcción, apostando por este sector, como acelerador para la reactivación de la economía y alternativa para muchos trabajadores en desempleo, mejorando la imagen que la sociedad tiene del sector, incluyendo las siguientes medidas concretas:
- Reactivación de la construcción con medidas flexibles a la compra y alquiler de vivienda y medidas que reactiven la economía en general a través de la bajada de impuestos a empresas y particulares para incrementar el consumo.
- Aprobación de medidas para apoyar financieramente a las empresas de promoción de vivienda privada, para que este año 2020 se pueda llegar a las 100.000 viviendas iniciadas, y evitar la caída de 50.000 viviendas prevista como consecuencia de los efectos del COVID-19.
- Mejorar el Plan Estatal de Vivienda para fomentar el alquiler de viviendas, así como la rehabilitación energética de edificios, por ejemplo, fomentando actuaciones en la cubierta de los edificios que supongan una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio, dado que con las condiciones actuales solo se ayuda a las rehabilitaciones integrales de edificios, que suponen un porcentaje ínfimo en el cómputo total de intervenciones.
- Desarrollo de plan estratégico que conlleve la realización de una campaña de comunicación a gran escala, en la que se presenten a la sociedad las ventajas de trabajar en el sector de la construcción y parte de los parados de este país puedan dirigirse hacia el sector de la construcción.
MEDIDAS RELACIONADAS CON EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
14.- En el ámbito organizativo y de control de gestión, hay un aspecto significativo que los transportistas y agentes logísticos demandan desde hace muchísimo tiempo, en concreto relativa a la obligatoriedad de remitir los documentos originales con firmas originales de cargadores y consignatarios.
Los documentos físicos constituyen una fuente de recogida de gérmenes insospechable, que además pueden provenir de cualquier parte del mundo. En este sentido, se ha adelantado con el CMR digital que se está poniendo en marcha, pero sería muy necesario implantar un procedimiento valido de confirmación digital en cuanto al despacho y la recepción de mercancías, que en la paquetería sí se ha implementado en buena medida, pero en la carga completa esta exigencia resulta una muy buena excusa para retrasar los pagos. Este es realmente el motivo por el que no se quiere avanzar.
Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un vehículo que cargue en Sevilla para Polonia tarda una semana en realizar el viaje y otra en regresar, la factura tarda al menos 20 días en remitirse al cliente que además exige una factura mensual, por lo que en muchos casos puede ser incluso 45 días o más.
Se pone la excusa de que la Agencia Tributaria exige los documentos originales, pero esto ya no es del todo cierto.
Sin embargo, el aplazamiento de los pagos es una cadena que perjudica a toda la cadena y más en estos momentos en los que la liquidez de las empresas es tan necesaria para sobrevivir. Los cargadores atrasan el pago, los transportistas atrasan los pagos a las subcontrataciones, los consignatarios atrasan los pagos a los cargadores,… y así toda la cadena se está perjudicando creyéndose los responsables de pagos que ellos lo están haciendo muy bien. Nada cierto si se pararan a pensar.
La propuesta es validar mediante la Agencia Tributaria y normas Europeas que cualquier medio telemático pueda ser correcto como ocurre en muchos supermercados, paquetería etc. con firma digital, un simple conforme por mail o cualquier otro medio electrónico con remitente y destinatario, etc. De esta manera se eliminarían toneladas de papel, tiempo, gastos financieros, gastos costosísimos de personal dedicados al estúpido grapado, ensobrado, costo de correos, espacio de archivo por cinco años, etc, además de la ganancia en higiene y disminución de contagios.
En menor medida, lo mismo ocurre con la factura que se exige original por correo. Aunque esto, si no llevan justificantes originales obligados de albaranes, se va agilizando por mail. .
15.- Aumento a 44 Ton del peso máximo en el transporte de mercancías
Tras la crisis del COVID-19, se necesitará un transporte de mercancías eficiente y competitivo que dé soporte al relanzamiento de la economía y ello pasa por la incorporación de las 44 toneladas como peso máximo en las actuales configuraciones de tractora y semirremolque de cinco ejes.
En todos los países de nuestro entorno se pueden cargar 44 toneladas, mientras que el máximo permitido en España es de 40 toneladas. Las empresas españolas están penalizadas frente a sus competidores europeos por la regulación que, al respecto, rige en nuestro país. Si queremos apoyar la competitividad del tejido industrial es necesario ampliar la masa máxima autorizada de los vehículos para el transporte de mercancías.
Esta medida, apoyada tradicionalmente por MINCOTUR y la DGT, no exige de ninguna inversión complementaria para el sector del transporte y, además de apoyar el nuevo desarrollo de la economía, produciría amplios beneficios medioambientales de la mano de la reducción de emisiones, motivo por el cual también MITECO la ha incluido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
MEDIDAS PROPUESTAS POR LA UNIVERSIDAD
16.- Activar las prácticas académicas externas de forma intensa, favoreciendo el teletrabajo para que exista una adaptación progresiva a la hipotética salida del estado de alarma. En este sentido, el estudiantado podría comenzar la práctica en modo teletrabajo, y finalizarla en modo presencial, en función de las normas que se dicten por parte del gobierno y del tipo de empresa.
17.- Promover, ahora más que nunca, y con el apoyo de la UCO, el acceso del tejido empresarial a la innovación. La innovación debe presidir la activación económica y el tejido empresarial debe apoyarse en su universidad. Gabinete de proyectos, acceso a distintas convocatorias, incluidas las distintas modalidades que la UCO ofrece en su plan propio Galileo.
18.- En relación con lo anterior, las cátedras universidad-empresa existentes, así como las que pudieran crearse, deben servir como foros imprescindibles para proyectar las problemáticas y retos de los distintos sectores empresariales tras el retorno progresivo a la normalidad (empresa familiar, joyería, olivo, sistema agroalimentario, riesgos laborales, desarrollo económico de la provincia, biomedicina, etc).
19.- Deben fomentarse ahora más que nunca actividades formativas conjuntas del empresariado y la UCO no sólo para “conducir” a las empresas a la innovación, sino para que estén mejor preparadas para concurrir a las licitaciones que lleva a cabo la propia Universidad de Córdoba.
20.- El empresariado debe apoyarse también ahora en la UCO para el fomento de la capacidad de liderazgo y espíritu emprendedor en el estudiantado y para trabajar de forma conjunta con todas las instituciones para la creación de nuevas empresas que respondan a los retos que nos deja esta situación.
21.- Mantenimiento por parte de las administraciones de la actividad de empresas con contratos en vigor, como diversos tipos de mantenimientos, etc. Aunque se están ejecutando de forma diferente, a las empresas les está permitiendo mantener al personal en plantilla sin recurrir a ERTEs, y a las administraciones mantener sus instalaciones lo mejor posible en las actuales circunstancias.
Por otro lado, y desde un contexto más general:
22.- Las administraciones públicas, incluida la Universidad, deberían impulsar, dentro de lo posible, los procedimientos en curso, aún cuando los plazos continúen en suspenso para los administrados. Se pueden notificar resoluciones. Los plazos para los recursos y alegaciones son en beneficio del administrado, de tal manera que si el administrado tiene posibilidades y está interesado en la resolución de un procedimiento podrá aportar la documentación requerida, o realizar las alegaciones que considere. Si no las hace su plazo no se verá perjudicado, pero esa paralización del plazo no le supondrá un perjuicio.
23- Realización de un plan de recuperación por sectores. Creemos que la Universidad podría iniciar contactos con los distintos sectores económicos. En nuestro caso prioritariamente con el sector turístico, para la elaboración de un plan de reactivación del turismos y la hostelería centrado en Córdoba. Hay que solicitar de las administraciones que cada decisión forme parte de un plan previamente trazado.
24- Una vez que la presión sanitaria haya disminuido lo suficiente, sería positiva la vuelta a la prestación de servicios médicos que quedaron interrumpidos: como por ejemplo la rehabilitación, las pruebas de diagnóstico e intervenciones programadas que quedaron en suspenso… Deben poder reactivarse tanto en la sanidad pública como en la privada. Esto sería positivo para la salud y supondría un principio de activación de un sector económico.
